Santo Domingo. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, advirtió que el nuevo Código Penal podría generar miedo entre periodistas, ciudadanos y medios de comunicación, si se interpreta como una herramienta para callar críticas, denuncias y opiniones en el espacio público.
Maldonado afirmó que la legislación representa una respuesta inadecuada frente a los desafíos del ecosistema digital, las redes sociales y la comunicación moderna, al abordar esos fenómenos desde una visión punitiva.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, el dirigente periodístico calificó el nuevo Código Penal como un “desorden organizado” y consideró que algunas disposiciones pueden afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
Sostuvo que el desarrollo tecnológico y la virtualidad son realidades irreversibles, por lo que entiende que el Estado no debe responder con medidas que busquen restringir el debate público.
A su juicio, creer que endureciendo sanciones se logrará silenciar a la ciudadanía puede crear un ambiente de temor y provocar consecuencias peligrosas para el ejercicio de las libertades fundamentales.
Maldonado también planteó la necesidad de que el país apruebe leyes específicas sobre el honor, la dignidad y la intimidad, para que esos derechos no queden sujetos únicamente a la interpretación de los jueces.
Recordó que la Constitución de 2010 amplió el catálogo de derechos fundamentales, pero señaló que aún existe una deuda legislativa para desarrollar esas garantías mediante normas claras.
Uno de los puntos cuestionados por Maldonado es la figura de la difamación extorsiva, al considerar que podría confundir el ejercicio legítimo del periodismo con conductas delictivas que ya están tipificadas en la legislación penal.
En la misma línea, el abogado Luis Rivas advirtió que el nuevo Código Penal reintroduce penas de prisión para delitos de opinión y elimina la llamada excepción de la verdad, una garantía que protege a quien demuestra la veracidad de una información difundida.
Ambos coincidieron en que estas disposiciones pueden tener un efecto inhibidor sobre periodistas y ciudadanos, limitando la denuncia pública y el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés general.
Maldonado y Rivas respaldaron la propuesta de aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, a fin de permitir una revisión técnica más amplia con la participación de distintos sectores.
