Santo Domingo. El proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales quedó prácticamente sepultado en el Congreso, pese a que su elaboración tomó cerca de tres años y fue presentado como una propuesta para sustituir la antigua Ley 6132.
La iniciativa fue trabajada por una comisión consultiva creada por el presidente Luis Abinader en 2022, en medio de cuestionamientos de sectores periodísticos y sociales contra proyectos oficiales que eran vistos como amenazas a la libertad de prensa.
Aunque el borrador fue presentado públicamente en 2024, no llegó formalmente al Senado hasta mayo de 2025. Allí fue enviado a una comisión especial, que realizó varias reuniones y recibió a juristas, comunicadores y representantes de organizaciones sociales, pero nunca rindió un informe definitivo.
El proyecto terminó perimiendo sin ser aprobado ni rechazado, quedando archivado en comisión y sin que el Congreso o el Poder Ejecutivo impulsaran su rescate.
Uno de los puntos que más críticas generó fue el capítulo sobre plataformas digitales y redes sociales, por el temor de que pudiera abrir puertas a restricciones en internet.
Ante la controversia, el propio presidente Abinader tomó distancia del texto y aseguró que no había puesto “ni una coma” en la propuesta, atribuyéndola completamente a la comisión consultiva.
La pieza planteaba reconocer el acceso a internet como un derecho, prohibir la censura previa, fortalecer el acceso de los medios a fuentes de información y crear el Instituto Nacional de Comunicación.
Nada de eso llegó al pleno del Senado. Tras años de trabajo, consultas y expectativas, la nueva ley de libertad de expresión quedó como otra reforma engavetada.
