Santo Domingo, RD.– La decisión del Tribunal Superior Electoral de declararse incompetente para conocer un recurso contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral abrió un debate jurídico sobre cuál órgano debe resolver las impugnaciones relacionadas con reglamentos electorales.
La discusión enfrenta dos interpretaciones: si corresponde al TSE examinar la legalidad de las disposiciones emitidas por la JCE o si esos casos deben ser conocidos por el Tribunal Constitucional cuando incluyen alegatos de violaciones a la Constitución.
Juristas sostienen que el TSE fue creado para resolver conflictos electorales y que señalar posibles contradicciones constitucionales no convierte automáticamente el expediente en competencia del Tribunal Constitucional.
También advierten que remitir estos casos directamente al Constitucional podría reducir las atribuciones de los tribunales especializados y alterar la distribución de funciones establecida en el ordenamiento jurídico.
De acuerdo con esta posición, el TSE debió conocer el recurso y pronunciarse sobre el fondo. La intervención del Tribunal Constitucional solo sería necesaria si durante el proceso surgiera una cuestión estrictamente constitucional fuera de las competencias de la jurisdicción electoral.
