Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) solicitó al Congreso Nacional extender el período previo a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que el plazo que vence el próximo 3 de agosto es insuficiente para corregir posibles fallas, contradicciones y riesgos de inconstitucionalidad.
La petición fue presentada por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, mediante una comunicación dirigida a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
FINJUS también propuso crear una comisión bicameral especial encargada de recibir, organizar y evaluar formalmente las observaciones presentadas por los distintos sectores de la sociedad antes de que comience a aplicarse la Ley 74-25.
Aunque valoró que el nuevo texto representa una actualización frente al Código Penal vigente desde 1884, la organización advirtió que su aplicación apresurada podría generar interpretaciones contradictorias, duplicidad de disposiciones y sanciones desproporcionadas.
Entre los artículos que recomienda revisar figuran los relacionados con la responsabilidad penal de las empresas, el aborto, la violencia intrafamiliar, la disciplina parental, la difamación, la injuria y el ultraje.
Sobre la difamación extorsiva, FINJUS consideró excesiva la pena de cinco a diez años de prisión y pidió establecer garantías para que las denuncias de interés público no sean utilizadas para perseguir o censurar el ejercicio periodístico.
En cuanto al ultraje, planteó eliminar expresiones como “pronunciar palabras” o “hacer gestos”, al entender que su redacción es demasiado abierta y podría afectar la libertad de expresión.
La entidad también recomendó establecer criterios más claros sobre la responsabilidad penal derivada del acto médico, diferenciando una complicación propia del procedimiento de una conducta verdaderamente negligente, para evitar el crecimiento de la llamada medicina defensiva.
Asimismo, expresó preocupación por la propuesta de eliminar el plazo especial de 30 años para la prescripción de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, contado a partir de que la víctima alcanza la mayoría de edad. FINJUS calificó esa modificación como una regresión en la protección de niños y adolescentes.
La organización pidió al Congreso actuar con rigor técnico y prudencia legislativa para corregir las debilidades identificadas antes de que el nuevo Código Penal entre en vigencia.
