Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26, que prohíbe la entrada al país de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, horas antes de que comenzara a aplicarse el arancel adicional de 12.5 % impuesto por Estados Unidos a los productos dominicanos.
La disposición obliga a la Dirección General de Aduanas y al Ministerio de Trabajo a investigar cualquier importación sobre la cual existan evidencias razonables de explotación laboral en alguna etapa de su fabricación, extracción, procesamiento o cadena de suministro.
Los importadores también deberán indicar en la Declaración Única Aduanera si conocen o poseen información que vincule sus mercancías con prácticas de trabajo forzoso. Aduanas podrá exigir documentos adicionales y utilizar informes internacionales, denuncias, investigaciones periodísticas y datos proporcionados por organismos públicos o privados.
Cuando existan indicios suficientes, el Ministerio de Trabajo tendrá un plazo de 60 días hábiles para realizar una evaluación técnica, con la posibilidad de extender el proceso por otros 30 días. Si se confirma la irregularidad, Aduanas deberá impedir la entrada de los productos y registrar a las empresas, fabricantes o cadenas de suministro involucradas.
El decreto se produce en momentos en que Washington acusa a República Dominicana de no contar con una prohibición suficientemente sólida y efectiva contra este tipo de mercancías. Esa consideración colocó al país entre las economías sometidas a la tasa adicional de 12.5 %, el nivel más alto propuesto dentro de la investigación estadounidense.
Aunque el Gobierno dominicano no presentó formalmente el decreto como una respuesta al presidente Donald Trump, su publicación el mismo día de la entrada en vigor del gravamen evidencia el interés de Santo Domingo en corregir el señalamiento y fortalecer su posición en las negociaciones con Estados Unidos.
