Santo Domingo. A pocas semanas de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, aumentan los reclamos de distintos sectores para que la pieza sea revisada antes de su aplicación definitiva.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, y el Defensor del Pueblo plantearon la necesidad de abrir un proceso de diálogo y revisión en el Congreso Nacional, ante las preocupaciones que ha generado la Ley 74-25, promulgada por el Poder Ejecutivo y llamada a sustituir el Código Penal vigente desde 1884.
Uno de los puntos que más inquietud ha provocado está relacionado con los artículos 208, 209 y 310, señalados por comunicadores y sectores vinculados a la prensa como posibles amenazas a la libertad de expresión, debido a las sanciones contempladas contra la difamación y expresiones ofensivas dirigidas a funcionarios.
El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la legislación contiene ambigüedades, duplicidades e incoherencias que podrían afectar la aplicación correcta de la justicia penal, por lo que pidió al presidente Luis Abinader someter con urgencia una modificación que permita ampliar el período de vacatio legis.
De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llamó al Congreso Nacional a habilitar un espacio de diálogo con medios de comunicación, gremios periodísticos, juristas y organizaciones de la sociedad civil, para revisar las disposiciones que han generado preocupación.
Ulloa sostuvo que el debate debe garantizar la protección de la libertad de expresión, sin dejar de lado la defensa de la honra, la intimidad y el buen nombre de las personas.
El nuevo Código Penal tiene prevista su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto, aunque los reclamos apuntan a que sea postergado hasta que se corrijan los puntos considerados conflictivos.
