Santo Domingo. La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa) advirtió que la propuesta de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos podría imponer contribuciones especiales de hasta RD$3 millones anuales, lo que, según la entidad, afectaría los costos de producción agrícola y terminaría encareciendo alimentos de la canasta básica.
El presidente de Animpa, Pablo Trinidad Escalante, sostuvo que el análisis de la reforma no debe limitarse a su impacto recaudatorio, sino también a las consecuencias que podría generar sobre la producción nacional.
La entidad señaló que, en algunos renglones, las nuevas cargas representarían aumentos superiores al 1,000 % en comparación con la legislación original, lo que presionaría económicamente a empresas importadoras y distribuidoras de agroinsumos, fertilizantes y semillas.
Trinidad Escalante explicó que esos sectores forman parte esencial de la cadena productiva agropecuaria, por lo que cualquier incremento desproporcionado en sus costos operativos puede trasladarse posteriormente a los productores y, de forma gradual, al precio final de los alimentos.
“El aumento en los costos de producción se reflejará en toda la cadena, desde los insumos agrícolas hasta los productos que llegan a la mesa de las familias dominicanas”, advirtió.
Animpa indicó que productos esenciales como el arroz, las habichuelas, los plátanos, los vegetales, las carnes y la leche podrían verse impactados si se aprueba la reforma sin una evaluación técnica más amplia.
La organización recordó que las empresas del sector ya cumplen con obligaciones tributarias, laborales y ambientales, por lo que entiende que cualquier cambio legal debe procurar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la competitividad del aparato productivo.
Trinidad Escalante afirmó que Animpa respalda la modernización de la gestión de residuos sólidos, pero consideró que una reforma de esa magnitud debe construirse mediante diálogo, vistas públicas y estudios de impacto económico y regulatorio.
En ese sentido, la entidad exhortó a la Cámara de Diputados a escuchar a los sectores productivos antes de aprobar la iniciativa, revisar la metodología utilizada para calcular las contribuciones especiales y garantizar que las medidas ambientales no afecten la producción nacional ni el bolsillo de los consumidores.
