Santo Domingo.— El Poder Ejecutivo sometió al Senado un proyecto de ley que busca crear una nueva entidad de integridad pública con facultad para investigar, sancionar e incluso inhabilitar a funcionarios que incurran en faltas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa propone transformar la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, un órgano autónomo y descentralizado, con independencia administrativa, financiera y funcional.
El proyecto establece que la nueva institución podrá recibir denuncias, iniciar investigaciones de oficio y actuar frente a posibles actos de corrupción, violaciones éticas o conflictos de intereses dentro de la administración pública. Cuando detecte indicios penales, deberá remitir los expedientes al Ministerio Público.
Entre las sanciones contempladas figuran amonestaciones, suspensiones, multas, destitución del cargo e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de hasta cinco años, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.
La propuesta también obliga a funcionarios y servidores públicos a presentar una declaración de conflicto de intereses dentro de los 30 días hábiles posteriores a su designación.
Milagros Ortiz Bosch, directora de la Digeig, afirmó que la pieza busca fortalecer el sistema de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y resguardo de denunciantes, informantes y testigos.
El proyecto será enviado a una comisión del Senado para su estudio, según informó el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
