Santo Domingo, RD. – La Junta Central Electoral (JCE) inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Centro Económico del Cibao, S.R.L., por la publicación de una encuesta de opinión pública fuera del período autorizado para la difusión de sondeos con fines electorales.
La medida fue notificada formalmente a la firma mediante acto de alguacil, luego de que el pasado 6 de agosto divulgara la denominada “Encuesta de Opinión Pública Nacional”, en momentos en que todavía no ha comenzado la precampaña correspondiente al proceso electoral de 2028.
De acuerdo con la JCE, la actuación podría constituir una violación al artículo 13 del reglamento que regula la elaboración y difusión de encuestas electorales, al establecer restricciones para su publicación fuera de los períodos legalmente habilitados de precampaña y campaña.
El órgano electoral aclaró que la imputación es provisional y que el inicio del expediente no supone, por el momento, una determinación de responsabilidad ni la aplicación automática de una sanción.
El Centro Económico del Cibao dispone de un plazo de diez días calendario, contado a partir de su notificación, para presentar ante la Secretaría General de la JCE sus argumentos de defensa, documentos, excepciones y otros elementos probatorios que considere pertinentes.
La empresa también tendrá acceso al expediente administrativo y a las evidencias utilizadas por la institución para sustentar el procedimiento.
Una vez concluido el plazo de defensa y las diligencias correspondientes, la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales deberá preparar un dictamen y remitir el expediente al pleno de la JCE, organismo que tendrá a su cargo adoptar la decisión definitiva.
El reglamento contempla entre las posibles consecuencias la suspensión temporal del registro de una firma encuestadora por un período de seis meses a un año y, en casos de reincidencia, su cancelación definitiva.
La normativa ha generado cuestionamientos desde su entrada en vigencia el pasado 22 de mayo. Incluso fue objeto de acciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que el 23 de julio se declaró incompetente para conocer los recursos interpuestos y señaló que las impugnaciones correspondían al Tribunal Constitucional.
