Proyecto permitiría al Estado expropiar bienes privados de valor cultural

REDACCIÓN 29 de julio de 2026 29 de julio de 2026

Santo Domingo.– Los propietarios de inmuebles, objetos o colecciones declarados patrimonio cultural podrían enfrentar mayores restricciones sobre su uso, modificación y venta, de aprobarse el proyecto de ley que actualmente estudia el Congreso Nacional.

La iniciativa amplía las facultades del Estado para proteger bienes con valor histórico, arqueológico, artístico, documental, científico o arquitectónico, aun cuando pertenezcan a particulares. También incluye manifestaciones inmateriales, patrimonio subacuático y colecciones consideradas relevantes para la identidad cultural del país.

Aunque los dueños conservarían formalmente la propiedad, tendrían la obligación de mantener los bienes en condiciones adecuadas, permitir inspecciones oficiales y solicitar autorización al Ministerio de Cultura antes de realizar remodelaciones, intervenciones o modificaciones.

El proyecto también dispone que cualquier propietario interesado en vender un bien patrimonial deberá ofrecerlo primero al Estado dominicano. Solo después de que las autoridades renuncien a adquirirlo o dejen vencer el plazo correspondiente, podrá concretarse la venta a otra persona.

Otro de los puntos que genera mayor debate es la posibilidad de expropiar propiedades privadas cuando exista incumplimiento en su conservación, riesgo de deterioro o una causa de interés público. El proceso deberá realizarse conforme a la ley y contemplar el pago de una indemnización.

La propuesta prohíbe intervenir monumentos nacionales sin autorización, limita la salida del país de piezas patrimoniales y establece que los hallazgos arqueológicos pertenecerán al Estado. Asimismo, endurece los controles contra el tráfico ilegal de bienes culturales.

Las violaciones a estas disposiciones podrían ser sancionadas con multas de entre 10 y 50 salarios mínimos del sector público.

La pieza fue aprobada en segunda lectura por el Senado el pasado 24 de julio y deberá ser conocida ahora por la Cámara de Diputados antes de ser remitida al Poder Ejecutivo.