Santo Domingo, RD.– La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión un proyecto que introduce cambios en 40 artículos de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para la primera semana de agosto.
La pieza fue remitida nuevamente al Senado de la República, donde deberá ser conocida en dos discusiones. En caso de ser aprobada, pasará al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Los diputados agregaron ocho modificaciones a las 32 realizadas durante la sesión celebrada el pasado sábado. Entre los cambios figura una disposición al artículo 238 que endurece las sanciones por estafa agravada.
La modificación establece penas de cinco a diez años de prisión cuando una persona venda o prometa un inmueble en plano, reciba total o parcialmente el pago y luego incumpla la entrega. También se considerará estafa agravada cuando una misma propiedad sea comercializada a más de una persona.
En el artículo 177, relativo al proxenetismo agravado, fue eliminado un numeral que incluía como agravante la coacción, las amenazas o la retención de documentos de identidad. Sin embargo, se incorporaron sanciones para los casos en que la captación de personas se realice fuera del país o se utilicen establecimientos para facilitar la explotación sexual.
La Cámara también modificó el artículo 142 sobre exhibicionismo sexual para excluir de responsabilidad penal los actos realizados en contextos artísticos dirigidos exclusivamente a personas mayores de edad, siempre que no afecten el bien jurídico protegido.
En el artículo 173, referente a la discriminación, se agregó un párrafo que establece que no habrá responsabilidad cuando una acción u omisión esté amparada en el ejercicio legítimo de una facultad constitucional o legal, en una imposibilidad material o en una situación de fuerza mayor.
Otros cambios fueron introducidos en los artículos sobre autosecuestro, daños provocados con sustancias químicas y prescripción de delitos sexuales. Algunos de estos ajustes fueron definidos como correcciones de estilo o precisión técnica.
El proyecto también autoriza a los técnicos legislativos a corregir errores ortográficos o de forma detectados en el texto final antes de su remisión.
