Santo Domingo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada —Conep— cuestionó las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que el nuevo esquema aumentaría la presión económica sobre empresas y consumidores.
El presidente del gremio, Celso Juan Marranzini, afirmó que “no se entiende” que el Congreso acelerara una nueva reforma para elevar las contribuciones empresariales, en momentos en que el sector productivo ya enfrenta mayores cargas por medidas fiscales recientes.
Marranzini sostuvo que el proyecto tiene problemas de forma y de fondo, especialmente por la falta de consultas, la incertidumbre sobre el uso de los recursos y la ausencia de explicaciones claras sobre la necesidad de recaudar más dinero.
Según el sector empresarial, algunas compañías podrían enfrentar aumentos de hasta 1,000 % en sus aportes, dependiendo de su nivel de ingresos.
La reforma aprobada en el Senado establece una escala que inicia con empresas de ingresos menores, que pagarían RD$5,000 al año, hasta llegar a compañías con ingresos superiores a RD$2,500 millones, que aportarían RD$2.2 millones.
El Conep reconoció la necesidad de resolver el problema de los vertederos y mejorar la gestión de residuos en el país, pero advirtió que el aumento de contribuciones sin suficiente transparencia puede debilitar la confianza del sector privado.
Marranzini pidió explicar con claridad para qué serán usados los fondos, cuáles estudios técnicos sustentan los nuevos montos y cómo se garantizará la sostenibilidad del fideicomiso DO Sostenible.
La pieza queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga, la observa o la devuelve al Congreso.
