Santo Domingo, RD. — El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó a la Cámara de Diputados modificar varios artículos del nuevo Código Penal y ampliar el plazo establecido para su entrada en vigor, tras advertir que algunas disposiciones podrían generar interpretaciones imprecisas y consecuencias directas para empresas, profesionales de la salud y medios de comunicación.
La posición fue entregada al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, acompañada de una extensa matriz técnica elaborada a partir de consultas con organizaciones y compañías de distintos sectores, en la que se plantean ajustes dirigidos a garantizar mayor seguridad jurídica antes de aplicar una legislación de amplio alcance nacional.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debido a que la redacción actual podría comprometer a una empresa por actuaciones de ejecutivos, empleados o terceros sin establecer con suficiente claridad cuándo existe una falla atribuible a la entidad; ante esa posibilidad, el sector propone que solo proceda una sanción cuando se demuestre que la infracción fue cometida en su nombre o beneficio y estuvo relacionada con un incumplimiento grave de sus deberes de organización, supervisión o control. También reclama que los programas de cumplimiento se ajusten al tamaño, estructura y nivel de riesgo de cada negocio, evitando trasladar a las mipymes obligaciones diseñadas para grandes corporaciones.
Las observaciones alcanzan además el ejercicio de la medicina, pues se considera necesario separar una complicación derivada de los riesgos propios de un procedimiento, un error médico y una conducta gravemente negligente; mantener esas situaciones dentro de una redacción ambigua, advierte el documento, podría fomentar la medicina defensiva y llevar a profesionales a rechazar intervenciones complejas por temor a enfrentar procesos penales.
En materia de libertad de expresión se plantea proteger la investigación periodística, la denuncia ciudadana, la crítica, la sátira y las publicaciones de interés público realizadas de buena fe, al tiempo que se propone limitar la responsabilidad penal de los medios a los casos en que una conducta ilícita responda a una política institucional o haya sido autorizada deliberadamente por sus órganos de dirección.
La propuesta también incluye observaciones sobre la manipulación de imágenes y voces mediante inteligencia artificial, las estafas piramidales, la ciberdelincuencia y el enriquecimiento ilícito, mientras insiste en extender el período previo a la aplicación de la ley para permitir una revisión más profunda y preparar adecuadamente a los sectores que deberán cumplirla.
