Tegucigalpa, 3 ago (EFE).- La audiencia de imputación contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de presunto fraude y lavado de activos, comenzó este lunes en Tegucigalpa luego de que un juez rechazara un recurso presentado por su defensa para que el caso continuara en la Corte Suprema de Justicia.
La audiencia, programada inicialmente para las 09:00 hora local (15:00 GMT), comenzó casi dos horas después en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ubicada en la sede de la Corte Suprema de Justicia, informó el Poder Judicial en sus redes sociales.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó a periodistas que el juez declaró "sin lugar" (rechazo) el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantener el caso en el Supremo, por lo que la causa será conocida por un juzgado ordinario.
La decisión se produjo después de que el magistrado asignado inicialmente al caso se declarara sin competencia para conocer la causa, al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en ejercicio que justifique la intervención de la Corte Suprema, como establece la legislación hondureña.
El inicio de la audiencia abre paso a la lectura de los cargos contra Hernández, de 57 años, a quien el Ministerio Público (Fiscalía) acusa de los delitos de fraude y lavado de activos en un caso abierto en 2023, relacionado con la supuesta desviación de unos 10,8 millones de dólares.
La Fiscalía solicitó que se imponga al exmandatario la medida cautelar de "detención judicial", al argumentar la existencia de "peligro de fuga" y riesgo de "obstaculización de las investigaciones", señaló el portavoz judicial.
Hernández llegó este lunes al tribunal acompañado de familiares y bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público.
El exgobernante regresó a Honduras el 26 de julio después de haber sido extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, pero esa condena fue indultada el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
