Daimy Hernández Zorrilla aparece como fiscalizador municipal en la nómina de julio; el Ministerio Público lo señala como la persona que habría planificado y pagado RD$50,000 por el crimen.
SANTO DOMINGO.– Daimy Hernández Zorrilla, señalado por el Ministerio Público como la persona que supuestamente ordenó, planificó y pagó RD$50,000 por el asesinato del dirigente comunitario José Frank Valerio, figuraba en la nómina fija del Ayuntamiento de Los Alcarrizos semanas antes del crimen.
La nómina municipal correspondiente a julio de 2026 identifica a Hernández Zorrilla como fiscalizador de espacios públicos, con un salario bruto mensual de RD$10,000 y un pago neto de RD$9,309. El asesinato de Valerio ocurrió el 14 de agosto, aproximadamente dos semanas después del período correspondiente a esa nómina.
Hernández Zorrilla forma parte de los cinco imputados enviados a prisión preventiva por el caso. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró el proceso de tramitación compleja.
De acuerdo con el expediente, el grupo habría intentado asesinar a Valerio una semana antes de su muerte. El 7 de agosto, el dirigente comunitario se encontraba en la parada de motoristas La Compuerta, en Hato Nuevo, cuando se produjo un ataque en el que otra persona resultó herida de varios disparos, mientras Valerio salió ileso.
El Ministerio Público sostiene que el 14 de agosto los presuntos responsables fueron informados de que Valerio se encontraba nuevamente en la parada y posteriormente acudieron al lugar, donde realizaron los disparos que le causaron la muerte.
La Policía Nacional informó que durante las investigaciones fueron analizadas cámaras de seguridad y recuperadas prendas de vestir presuntamente utilizadas por los atacantes. En la escena del crimen también fueron levantados cinco casquillos calibre nueve milímetros.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado cuál habría sido el motivo para ordenar la muerte de Valerio, quien era dirigente comunitario, presidía una parada de motoristas y desarrollaba actividades políticas en Los Alcarrizos.
Los cinco imputados deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres mientras continúan las investigaciones.
