La institución confirmó que había actuado hace aproximadamente un año contra el establecimiento por mantener menores sin autorización, pero el lugar volvió a operar y fue intervenido nuevamente tras la fuga de un niño.
SANTO DOMINGO.– La confirmación de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) había intervenido hace aproximadamente un año la Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive, en Haina, abre interrogantes sobre el seguimiento dado al establecimiento, que volvió a recibir menores pese a no contar con autorización oficial.
La presidenta ejecutiva de Conani, Ligia Pérez Peña, informó que la institución ya había detectado anteriormente que en el lugar permanecían niños bajo el cuidado de sus responsables sin la habilitación requerida para funcionar como centro de protección.
Según explicó, durante aquella primera intervención los menores fueron entregados a sus familiares y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales. Conani también habría dado seguimiento a las familias para evitar que los niños regresaran al establecimiento.
Sin embargo, aproximadamente un año después, la fundación volvió a ser intervenida luego de que un menor escapara del lugar y denunciara presuntos maltratos, entre ellos golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y castigos físicos.
La denuncia del niño permitió activar una investigación que culminó con un operativo realizado el domingo 30 de agosto, durante el cual fueron encontrados otros 13 menores.
Pérez Peña reconoció que desconoce cuáles medidas fueron adoptadas por el Ministerio Público contra los responsables del establecimiento después de la primera intervención.
La funcionaria sostuvo que Conani no tenía conocimiento permanente de que el inmueble continuara funcionando como espacio de acogida de menores y explicó que el lugar aparentaba ser una residencia donde convivían varias familias.
No obstante, la reincidencia del establecimiento coloca ahora el foco sobre lo ocurrido después de aquella primera actuación y sobre los mecanismos utilizados para verificar que un lugar previamente intervenido no continuara recibiendo niños sin autorización.
De los 14 menores involucrados en el nuevo caso, diez permanecen bajo protección de Conani y cuatro fueron entregados a sus madres. Los niños continúan siendo sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas mientras el Ministerio Público investiga las posibles responsabilidades de los adultos vinculados al establecimiento.
La investigación deberá determinar no solo lo ocurrido dentro de la fundación, sino también qué pasó después de la primera intervención y si existieron fallas en el seguimiento que permitieron que el lugar volviera a operar.
