Santo Domingo.– El posible desmonte del subsidio eléctrico volvería a colocar presión sobre el bolsillo de los hogares dominicanos, ya que una reducción significativa de la ayuda estatal podría traducirse en aumentos importantes en la factura mensual de millones de usuarios.
Actualmente, el sistema eléctrico mantiene una brecha considerable entre el costo real de la energía adquirida por las empresas distribuidoras y el monto que finalmente pagan los consumidores, diferencia que es cubierta en buena medida con recursos públicos.
Entre enero y mayo de 2026, las EDE compraron alrededor de US$1,300 millones en energía, pero facturaron US$814.84 millones y cobraron US$774.35 millones, dejando un déficit aproximado de US$485.29 millones, equivalente a unos RD$28,428 millones.
El precio promedio al que las distribuidoras adquieren el kilovatio hora ronda los RD$9.20. Sin embargo, los usuarios residenciales con consumos inferiores a 200 kWh pagan aproximadamente RD$6.17, mientras quienes consumen menos de 300 kWh tienen una tarifa cercana a RD$8.71. A partir de ese nivel, el costo alcanza alrededor de RD$13.04 por kWh.
La diferencia explica en parte el peso que representa el subsidio para las finanzas públicas. Al 20 de agosto, el Gobierno había transferido unos RD$79,577 millones al sector eléctrico, de acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto.
El retiro gradual de estas ayudas no es un planteamiento nuevo. El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2021-2030 ya contemplaba ajustes progresivos en las tarifas, aunque el proceso fue suspendido posteriormente ante las quejas de la población por el impacto de los aumentos.
El tema vuelve ahora al debate con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, que plantea avanzar hacia tarifas más competitivas y reducir las distorsiones acumuladas en el sistema.
El desafío para las autoridades consiste en disminuir la carga fiscal que representa el sector eléctrico sin trasladar de manera abrupta ese costo a los usuarios, especialmente a los hogares de menores ingresos.
Un eventual desmonte del subsidio obligaría, por tanto, a revisar no solo las tarifas, sino también la eficiencia de las distribuidoras, las pérdidas del sistema y los mecanismos de protección dirigidos a los consumidores más vulnerables.
