El procurador fiscal de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, Freddy Natiaski Marmolejos, expuso que la medida de distancia apela a la coercitividad, para que el agresor tome distancia.
“Cuando un fiscal otorga la orden de protección, debe ser homologado por el juez, para que tenga validez, y es una medida de coerción que se administra para proteger a una víctima”, tras el nivel de riesgo de un agresor hacia una víctima, según alegaciones de Natiaski.
Con relación a las características de los maltratadores, dijo que “destruyen, maltratan y afectan cosas o animales, a lo que la pareja le tiene apego”.
Entre los indicadores que se pueden observar en una pareja, para saber si uno de los miembros tiene conducta agresiva, está el control con seguimiento extremo, muestra alto grado de celo, la sutilidad en decir como la pareja debe peinarse y vestirse.
“La gente entiende que la responsabilidad total de este problema recae en el sistema de justicia, siendo este un muro de contención, aplicando el derecho penal. Básicamente esto cambiaría con la creación de políticas públicas, para desmontar la cultura machista”, explicó Marmolejos.
Expresó que es importante, que en los casos de violencia, la víctima se reconozca como víctima, y denuncie. Señaló que el 80% de muertes de mujeres a manos de sus parejas, nunca denunciaron, y la mayoría del 20% restante, las que denunciaron, dejaron el proceso.
