Santo Domingo. La reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado fuertes cuestionamientos por la rapidez con que fue conocida en el Congreso Nacional y por el aumento de los recursos que pasarían a ser administrados por el Fideicomiso DO Sostenible.
De aprobarse definitivamente la modificación, las contribuciones obligatorias del sector privado podrían triplicarse, pasando de unos RD$3,000 millones anuales a cerca de RD$9,000 millones, según estimaciones derivadas del nuevo esquema de aportes.
La iniciativa fue aprobada de urgencia en el Senado, en dos lecturas consecutivas y sin el estudio previo de una comisión permanente. Posteriormente, la Cámara de Diputados también la conoció de urgencia, aunque introdujo cambios para reducir parcialmente los montos aprobados inicialmente.
Entre las modificaciones, los diputados establecieron que las empresas con ingresos superiores a RD$2,500 millones paguen RD$2.2 millones anuales, en lugar de los RD$3 millones contemplados por el Senado para compañías con ingresos superiores a RD$2,000 millones.
Aun con esa reducción, sectores empresariales advierten que algunas categorías podrían enfrentar aumentos cercanos al 1,000 % en comparación con las contribuciones actuales.
Uno de los principales puntos de preocupación es la falta de estudios técnicos públicos que justifiquen un incremento de esa magnitud, así como la ausencia de consultas formales con los sectores que estarían obligados a financiar el sistema.
El debate también apunta al destino de los recursos. Los fondos no ingresarían directamente al presupuesto general del Estado ni serían administrados por el Ministerio de Medio Ambiente, sino por el Fideicomiso DO Sostenible, entidad encargada de financiar proyectos como estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización.
Sin embargo, persisten interrogantes sobre los operadores privados contratados, los criterios utilizados para seleccionarlos, los montos pagados por tonelada procesada y el nivel de transparencia en las contrataciones.
También han llamado la atención los estados financieros interinos no auditados del fideicomiso, que reflejan litigios y demandas por alrededor de RD$1,230 millones, así como una caída significativa del patrimonio fideicomitido.
Sectores industriales, de la construcción y del turismo han advertido que el aumento de las contribuciones podría trasladarse al precio final de bienes, servicios y viviendas, afectando la competitividad y el costo de vida.
La discusión deja abiertas preguntas clave sobre la justificación técnica del aumento, la fiscalización de los recursos, la contratación de gestores privados y los mecanismos de rendición de cuentas que acompañarían una reforma capaz de triplicar los fondos administrados por DO Sostenible.
