Mientras el Gobierno endurece la persecución contra quienes afecten áreas protegidas, varios proyectos sobre ecocidio, minería y protección de cordilleras permanecen paralizados en el Congreso.
Santo Domingo.— El decreto emitido por el presidente Luis Abinader para declarar de alta prioridad estratégica el combate contra el “terrorismo medioambiental” contrasta con el estancamiento de varias reformas ambientales que permanecen pendientes en el Congreso Nacional.
Entre las iniciativas detenidas figura un proyecto que busca tipificar el ecocidio y establecer penas de entre 10 y 20 años de prisión por daños graves, extensos o duraderos contra la biodiversidad y los ecosistemas. La propuesta también contempla responsabilidad penal para empresas.
Otra iniciativa plantea declarar la cordillera Central como territorio de seguridad nacional y soberanía ecológica, prohibiendo la exploración y explotación de minería metálica y destinando recursos a la restauración de ríos.
También permanecen bajo estudio propuestas para proteger la cordillera Septentrional y regular el arbolado urbano y las franjas de protección de los ríos.
En contraste, el nuevo decreto del Poder Ejecutivo ordena acciones coordinadas entre organismos de seguridad y se apoya en el nuevo Código Penal para perseguir agresiones contra áreas protegidas, con penas que podrían alcanzar entre 20 y 30 años de prisión.
