SANTO DMINGO.- Cuatro de los imputados por presunta corrupción en el Caso Antipulpo se declararon culpables y arribaron a acuerdos con el Ministerio Público que permitirán al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes que le fueron sustraìdos, reveló este lunes el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Son ellos Francisco Pagán, Lewin Ariel Castillo, Julián Esteban Suriel Suazo y Domingo Antonio Santiago, de acuerdo al magistrado, quien especificó que a pesar de los acuerdos el juicio en contra de ellos continuará en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Las apariencias dan a entender que en virtud de lo acordado, el PEPCA ha solicitado en el juicio penas más benignas por los delitos cometidos. En tal virtud, solicitó al juez Deybi Peguero condenar a cinco años de prisión, con dos suspendidos, a Pagán Rodríguez. Para Juan Esteban Suriel Suazo solicitó una condena de cinco años, dos de prisión y tres suspendidos. Mientras que, para Lewin Ariel Castillo, solicitó al juez una sentencia de dos años de prisión suspendida.
LA EXPLICACIÓN DE CAMACHO
El titular del órgano anticorrupción habló en respuesta a preguntas de periodistas de varios medios de comunicación que le entrevistaron al salir del citado tribunal.
“Aquí hay varias cosas que es necesario resaltar: en primer lugar, se presentaron ante el tribunal cuatro acuerdos. Esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviado”, dijo.
TRASCENDENCIA DE LOS ACUERDOS
Camacho, quien encabezó el equipo que representó al Ministerio Público en la audiencia preliminar destacó la trascendencia de los acuerdos, pues con los mismos “el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo”.
“Es la primera vez, incluso, conforme nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea, que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público”, enfatizò.
Aseguró que se trata de una cuestión trascendente dentro de este proceso, que evidentemente confirma la contundencia y fortaleza de la acusación del Ministerio Público.
LA OISOE y PAGAN
Respecto a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Camacho insistió en que las vías de soborno eran varias y están descritas en la acusación. A su juicio, permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y están sujeto a decomiso”..
“Con relación al resto, incluso, al acusado Alexis Medina, hay que recordar que éste actuaba de manera directa a través de sus empresas y a través de otras personas que eran parte de su entramado”, especificó.
Manifestó que el Ministerio Público en el momento de la réplica explicará o recordará al tribunal cómo operaba este entramado de corrupción en la OISOE y cómo la acusación del Ministerio Público «no solamente es cierta con relación a estos cuatro acusados que han acordado, sino que es cierta en todos y cada uno de los puntos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación».
Camacho representó al Ministerio Público junto a la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, así como a los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán Alberto, Yoneiby González y José Miguel Marmolejos.
APLAZAN AUDIENCIA
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó para este miércoles 18 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde, la audiencia en la cual el Ministerio Público iniciará la contrarréplica. La misma continuarà el 19 de enero a partir de las 2:00 de la tarde y el viernes 20 a las 9:00 de la mañana.
Por razones de espacio la audiencia fue realizada en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
OTROS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez (ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas -Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar, a Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
COMPAÑÍAS INVOLUCRADAS
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020). Le atribuye haber realzado un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Los tipos penales en que supuestamente incurrieron los procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos. También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
INVOLUCRA A GÓMEZ DIAZ
Pagán reveló que el empresario de medios de comunicación Juan Ramón Gómez Díaz acudió a su despacho con seis cheques de 25 millones de pesos cada uno, los cuales serían utilizados en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2020. Sostuvo, no obstante, que no aceptó el dinero ofrecido, además de que le tomó fotocopias a los cheques.
